Cenas de empresa, Cestas de Navidad y otros obsequios a clientes, proveedores o empleados.

A pesar de que el Impuesto de Sociedades establece que “no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades”, las cenas de empresa o cestas de Navidad son gastos fiscalmente deducibles, siempre que se entiendan como un derecho adquirido por el trabajador y su realización o entrega sea costumbre arraigada en la empresa. Esto es algo que lleva a una situación de inseguridad jurídica a aquellas empresas que no lo viniesen realizando desde hace años, ya que no se estaría en condiciones de demostrar tal “costumbre”. Una forma de atajar este riesgo jurídico es no deducir esos gastos desde el primer ejercicio, para después estar en condiciones de probar esa “costumbre”, para lo cual es necesario conservar la documentación desde el principio.

En cuanto al IVA soportado por cenas de empresa, obsequios o cestas de Navidad no es deducible en la mayoría de los casos (porque tampoco se repercute). Sí sería deducible cuando se trate de un supermercado o tienda que entrega una cesta de Navidad con sus propios productos que comercializa habitualmente (porque en ese caso también se repercute IVA, siendo entonces un autoconsumo para la empresa).

Las muestras gratuitas y obsequios publicitarios tales como mecheros, bolígrafos, calendarios o lotería de Navidad, se podrán deducir siempre que su importe no exceda del 1% de la cifra de negocios. Es decir, con una facturación de 100.000 €/año podrían deducirse hasta 1.000 € en concepto de gastos por atenciones a clientes y proveedores. Hay que tener presente que este precepto no está planteado para permitir deducir cualquier objeto a fin de reducir la tributación, sino aquellos que llevan la identificación de la empresa (nombre o logo) y que, por ello, son entendidos como gastos de relaciones públicas, encontrándose correlacionados con los ingresos (para lo cual es recomendable guardar ordenada toda la documentación que sostenga y justifique dicha correlación, desde facturas y presupuestos hasta fotos y un producto de prueba). Podría, además, en estos casos, deducirse el IVA soportado en su adquisición. Debe tenerse también en cuenta el límite en el valor de los obsequios de 200 € por destinatario y año.

Para el trabajador, los obsequios o la cesta de Navidad son retribución en especie incluida en nómina, obligando a descontar e ingresar mediante modelo 111 a cuenta del IRPF el importe correspondiente (resultando en que el trabajador asumiría, a fin de cuentas, parte del coste de la cesta, en base al tipo de retención que le fuera aplicable). Por lo tanto, la base de cotización también debe incluir estos importes. Si, en cambio, la cesta de Navidad se ganara en un sorteo, sería considerada una ganancia patrimonial.

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Registro de la jornada de trabajo

Artículo SPA Finanzas - Registro de la jornada de trabajo

Desde la implantación del nuevo mecanismo de control del tiempo real de trabajo (12 de mayo de 2019), 1 de cada 5 empresas inspeccionadas han sido sancionadas. Las multas oscilan entre 626 € y 6.250 €, con una media de 1.057 € por empresa.

Las empresas tienen el deber de que se registre, diariamente, la jornada efectivamente realizada por cada trabajador, lo cual puede llevarse a cabo mediante tecnologías (tarjeta magnética o similar, huella dactilar o mediante ordenador), o mediante la simple firma manuscrita del trabajador en una tabla al estilo tradicional en formato físico. También debe entregarse copia al trabajador del resumen elaborado.

Además, los registros deben ser accesibles de manera inmediata ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (o de cualquier miembro de la plantilla que lo solicite), y, al igual que otros registros, deberán conservarse durante cuatro años.

La norma reguladora nace para luchar contra ciertas situaciones de abuso de poder y presión para la realización de horas extraordinarias no retribuidas, resultando en una normativa generalizada (para todo aquel que esté sujeto al art.1 del Estatuto de los Trabajadores), que añade, aunque sencillo, un elemento de trabajo y archivo más a todas las empresas y trabajadores, sin distinción, resultando en ocasiones de tediosa aplicación y cuestionable utilidad.

Es importante cumplir esta normativa, porque de lo contrario puede ocurrir (ya ha ocurrido), que un Tribunal obligue a la empresa a pagar por conceptos que podría haber sido que no hayan sido realizados efectivamente: es decir, una empresa que no lleva el registro de jornada y tiene un empleado a tiempo parcial, puede acabar por tener que pagarle como si lo hubiera sido a jornada completa. La carga de acreditar las jornadas realizadas recae sobre la empresa y no sobre el trabajador.

Desde diferentes medios de comunicación, en los últimos días, se ha difundido una información que ha sido “deducida” precipitadamente, ya que resulta cuando menos aventurado afirmar que «más de la mitad de las empresas no cumple la normativa”. Pueden ser más o pueden ser menos, pero la muestra de empresas inspeccionadas no es representativa del universo empresarial español. Para cualquiera que esté familiarizado con el análisis de datos estadísticos o que se pare a pensarlo un momento, tal afirmación es una extrapolación que más que probablemente es errónea desde la base, ya que hasta ahora las empresas inspeccionadas lo han sido por haberse observado algún indicio de posible irregularidad (o denuncia directa), por lo que el índice de irregularidades estará sesgado.

Los sindicatos vienen demandando que el Ministerio de Trabajo refuerce y aumente su actividad en esta área (actualmente han concluido en torno a 5.500 expedientes), y así se ha anunciado para 2020.

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Privacidad desde el Diseño

Privacidad desde el Diseño

Se ha publicado la “Guía de Privacidad desde el Diseño”, descargable desde la web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con aspectos que afectan a las libertades de las personas y que se deben trabajar más para lograr que los principios normativos se materialicen en soluciones concretas.

No se trata solo de la navegación por internet. Por ejemplo, para mejorar la privacidad de los usuarios ante la recogida de datos que hacen las eléctricas sobre el consumo, una solución consiste en la agregación de un valor de ruido, quedando así oculto el verdadero valor de una medida y protegida la privacidad del usuario que, de lo contrario, podría verse expuesto a que se infieran hábitos ajenos a la finalidad para la cual se diseña la recogida de datos (que es únicamente para cobrar el consumo y gestionar los suministros).

En la Guía se analiza cómo lograr que la privacidad forme parte de los sistemas o productos, sin que tenga que ser una capa añadida, sino formando parte desde las primeras fases del diseño y todo ello con la búsqueda de un resultado “todos ganan”, y no “de suma cero”.

El objetivo es que la privacidad sea el estado natural, por defecto, de las configuraciones y servicios que recibe el usuario, y no, como ocurre actualmente, y a pesar de la reciente oleada de acciones buscando adaptarse al RGPD que entró en vigor en mayo de 2018, porque la práctica generalizada ha llevado a considerar que la inacción del usuario es equivalente a un consentimiento (cuando en rigor y buena fe a la hora de interpretar la legislación, claramente no debía ser así). Todos hemos visto el mensaje de aviso de cookies que informa de que “si sigue navegando, consideraremos que consiente su uso” (al final, por mucho avance tecnológico en que viva inmersa la sociedad, no deja de ser la solución común que se da a una situación de incertidumbre con un lapidario “el que calla otorga”). Y, ¿acaso es siempre necesario instalar cookies en el ordenador de quien visita una web? No.

A pesar de la presión que ejercen los intereses comerciales de analizar y de formarse perfiles de consumidores para poder ser más rentables en sus promociones, y a pesar de la presión que ejerce el interés que se pueda tener en analizar al resto de las personas, la normativa va en dirección de proteger la privacidad del usuario, que es la parte propietaria última de su derecho personal a la privacidad de sus datos, siendo además la parte que más desconoce hasta qué punto se puede rentabilizar la información.

Hace décadas que se viene trabajando en esta dirección, que no deja de ser una lucha entre el poder que da la información y una defensa de la vulnerabilidad que se produce en un individuo como resultado de esta situación. La Dra. Ann Cavoukian enumera los 7 Principios Fundacionales para lograr la integración de la Privacidad desde el Diseño, destacando el hecho de que la ley no basta para lograr el respeto a la privacidad, siendo necesario que las organizaciones de personas trabajen en ello, siguiendo los siguientes principios:

  1. Proactivo, no reactivo; preventivo, no correctivo.
  2. La privacidad como configuración predeterminada
  3. Privacidad incorporada en la fase de diseño
  4. Funcionalidad total: pensamiento “todos ganan” (no “suma cero”)
  5. Garantizar la privacidad en todo el ciclo de vida
  6. Visibilidad y transparencia
  7. Respeto por la privacidad de los usuarios: mantener un enfoque centrado en el usuario

Existen muchos controles y patrones de diseño que serán adecuados según el caso concreto, tales como el cifrado, anonimización, control de acceso, seudonimización…

Se puede consultar la Guía completa de la AEPD para más información, de la cual se puede destacar la gran cantidad de enlaces que incluye, que dirigen a multitud de información y herramientas, tanto a nivel de usuario como para el diseño de sistemas y productos.

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Exención de IVA en derechos de propiedad intelectual: Traducciones

Tanto traductores como escritores, compositores musicales, periodistas u otros profesionales ligados a la propiedad intelectual, pueden acogerse, en determinados casos, al incentivo fiscal previsto en la normativa para fomentar la creación cultural. En este artículo se analiza más pormenorizadamente el caso concreto de las traducciones, que resulta muy ilustrativo para discernir cuándo se está en el ámbito de la exención y cuándo no.

Exención de IVA en derechos de propiedad intelectual: Traducciones

Traducciones, ¿exentas de IVA?

Las traducciones están sujetas pero exentas de IVA en determinados casos. Estarán exentas según art.20.Uno.26º en los casos previstos para prestaciones de servicios profesionales prestados por traductores, dependiendo de la naturaleza del texto a traducir.

El punto fundamental para considerar jurídicamente si se aplica la exención se encuentra en que la traducción realice una aportación personal y distinta de la obra original, siendo entonces objeto de propiedad intelectual.

Cualquier traductor sabe que es imposible realizar una traducción literal, cada idioma tiene unas particularidades que conllevan que el resultado de la traducción supone una aportación personal y distinta de la obra preexistente. Esta aportación personal es incuestionable y así se ha reconocido en numerosas consultas vinculantes, a pesar de que numerosos profesionales hayan realizado su consulta en las oficinas de Hacienda y, fruto del desconocimiento por parte de los funcionarios, hayan seguido el criterio general de aplicar IVA en sus facturas.

Ahora bien, resulta igualmente fundamental en esto comprender la motivación del legislador cara a tal exención. La DGT (Dirección General de Tributos) sigue el criterio de “fomentar la creación cultural, no así el tráfico mercantil derivado de la misma”, de ahí que la exención esté limitada a la actuación profesional del autor (un autónomo en epígrafe profesional, y no para servicios prestados por personas jurídicas u otro tipo de entidades) y que en la práctica, tal exención, no se aplique en traducciones de carácter técnico tales como traducciones de contratos, textos jurídicos, mercantiles, folletos informativos de empresas y productos, etc. No se aplica la exención ya que el legislador interpreta que se realiza la mera traducción, sin aportación personal.

En cambio, ha sido reconocida dicha exención en servicios de traducción en traducciones audiovisuales, guiones, obras literarias, científicas, artísticas, de artículos académicos con fines educativos, artículos para publicaciones culturales, revisión de traducciones y otros.

Cumpliéndose los requisitos, habría de indicarse de manera explícita en la factura mediante la inclusión de la referencia: “Operación sujeta a IVA pero exenta por el artículo 20.Uno.26º de la ley del IVA 37/1992 de 28 de diciembre”.

Eso sí, cada situación debe observarse detenidamente, ya que, por ejemplo, un periodista puede aplicar la exención si colabora con un periódico impreso y no así si lo hace en un blog o en redes sociales. Y es que, a pesar del desconocimiento actual de este incentivo fiscal, es algo que ya estaba redactado antes de que existiesen los blogs, Twitter o Facebook.

El IVA en las traducciones

El antecedente legislativo de la exención prevista en la Ley del IVA, se encuentra en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (art.5 y art.11), desde donde se determina que autores no solamente son los creadores de obras originales sino también quienes realizan obras a partir de otras ya existentes (traducciones, adaptaciones, actualizaciones, compendios, arreglos musicales, etc.) y en lo previsto en la Disp.Adic.Tercera donde se determina la exención de los servicios de cesión de ciertos derechos objeto de dicha ley, referidos a las obras realizadas por determinados autores. Esta exención también está amparada por la Directiva 2006/112/CE en su artículo 376, siendo el origen de que la ley del IVA incorporase la citada exención ya prevista en la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, resulta esencial considerar correctamente el objeto de la traducción para, según su naturaleza, considerar si es aplicable la exención. Y, conviene recalcar, que no es lo mismo un servicio de traducción que la explotación de la propia obra, estando esto último sujeto a IVA (porque ya se está ante una actividad empresarial en lugar de profesional).

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Compra de vivienda: aspectos a considerar

Compra de vivienda

Son muchos y diversos factores los que hacen que una vivienda sea la adecuada, siendo importante valorar no solo sus características físicas más visibles o precio sino también lo menos visible, como calidad de sus materiales y grado de conservación, ruidos o estado jurídico de la vivienda.

Se deben consultar los planos, trazado de las redes eléctrica, de agua, gas, calefacción y medidas y garantías de seguridad, aislamientos acústicos y térmicos, así como certificado de eficiencia energética y los datos identificadores de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad.

El comprador podrá exigir del vendedor los servicios, instalaciones y formas de pago que figurasen en la publicidad de la vivienda, independientemente de que no se hagan constar en el contrato firmado.

Existen numerosos puntos que hay que valorar para no dejarse llevar tan solo por las características más visibles y así acertar en la compra y que esta resulte un acuerdo justo.

Es imprescindible averiguar aspectos relativos a su situación jurídica tales como: si está sujeta a algún régimen especial, si está al corriente en el pago de cuotas de comunidad, si se ha pagado el IBI, si dispone de seguro por daños derivados de defectos estructurales del edificio, si pueden existir derechos de tanteo o retracto o si existen cargas tales como gravámenes que le afecten. Toda esta información se obtiene a través de los Registros de la Propiedad, mediante la solicitud de Nota simple informativa o Certificación de dominio y cargas.

Si se trata de una vivienda que aún no ha sido construida, es conveniente consultar el Registro Mercantil para comprobar que la empresa promotora figura inscrita, lo cual puede hacerse on line y de manera inmediata. Igualmente se habrá de consultar que el solar figure inscrito correctamente en el Registro de la Propiedad y que el Ayuntamiento haya concedido la correspondiente licencia de acuerdo con el proyecto aprobado (lo cual puede ya figurar en el Registro de la propiedad o puede que aún solo conste en el Ayuntamiento). Además, debe saber que, aunque firme el contrato privado y proceda al abono de cantidades a cuenta del precio, si el contrato incluye cláusulas abusivas éstas se consideran nulas. Por ejemplo, no resulta válida la cláusula de renuncia del comprador a su derecho a elegir notario o una cláusula en la que se imponga el pago de tributos que no corresponden al comprador.

También se ha visto en la práctica como algunos contratos de préstamos hipotecarios incluían cláusulas abusivas aceptadas en masa por los compradores mediante la imposición de contratos de adhesión en los que tampoco hay negociación posible sino condiciones generales que solo cabe rechazar o aceptar íntegramente. Debe acudirse en estos casos a lo establecido en la legislación de protección de consumidores y usuarios.

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Criterio de cobros y pagos en el IRPF

Criterio de caja IRPF

Existe una opción con beneficios a considerar en el caso de contribuyentes que desarrollan actividades económicas y que no llevan contabilidad ajustada a lo previsto en el Código de Comercio, por no estar obligados a ello (los que están en el método de estimación directa simplificada o en estimación objetiva).

La opción consiste en seguir el criterio de cobros y pagos para imputar temporalmente los ingresos y gastos de todas sus actividades económicas (también se conoce como “criterio de caja”, aunque ese concretamente es un término ligado a IVA y no a IRPF, pero viene a ser parecido), es decir, en el momento en el que efectivamente se cobren o paguen los servicios o entregas de bienes. De esta manera se puede conseguir aumentar la liquidez al no tener que adelantar el pago de impuestos y estar tributando por lo realmente cobrado y no a cuenta de unas operaciones que, dada una situación de impago por parte de un cliente habrían llevado a tributar por un ingreso inexistente.

Por ejemplo: un profesional emite una factura en diciembre de 2019 pero no la cobra hasta febrero de 2020. Solamente si está acogido al criterio de caja podrá imputar fiscal y contablemente el ingreso a 2020, ya que, con carácter general los ingresos de actividades económicas se deben imputar en el periodo impositivo en el que se devenguen (2019 en este ejemplo).

Para optar por este criterio, es suficiente con manifestarlo en la correspondiente declaración (marcar la casilla en la declaración de la Renta) y se entiende aprobado automáticamente por la Administración tributaria. Deberá mantenerse un mínimo de 3 años y no puede conllevar dejar sin computar ingresos o gastos o imputarlos nuevamente en otro ejercicio debido al cambio de criterio.

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Declaraciones fuera de plazo

Declaraciones fuera de plazo

¿Qué ocurre si se descuida la obligación de presentar autoliquidación trimestral de IRPF (pagos a cuenta), o bien algún modelo de IVA? Pues a pesar de ser un hecho sancionable (art.192 de la LGT 58/2003), si se subsana el error voluntariamente y antes de que la Administración lo reclame, no se aplicaría sanción sino recargos por extemporaneidad (art.27 de la LGT).

Por ejemplo, si una persona debiese haber ingresado 1.000€, deberá pagar un recargo del 5% siempre y cuando lo haga antes de ser requerido por Hacienda, y dentro de los 3 meses siguientes al término del plazo voluntario (si pasa más tiempo, el porcentaje va aumentando). En este caso, resultaría en un recargo de 50€, que, además, podría reducirse en un 25% adicional si se regulariza correctamente la situación, resultando finalmente en una penalización de tan solo 37,50€

Situación bastante diferente a recibir un requerimiento de Hacienda y sanción de 500€, que es lo que correspondería en este ejemplo (tratándose de una infracción leve por ser la base menor a 3.000€, y siempre y cuando no existiesen otros agravantes). Las sanciones tributarias oscilan entre el 50% y el 150% de la base, la cual en este caso es la deuda no ingresada. A la sanción también se le pueden aplicar reducciones por conformidad (no recurrir) y pago (en plazo establecido), reduciéndose finalmente casi a la mitad (en este ejemplo al final podría quedar en 262,50€)

Podría pensarse que no presentar una declaración que salga a compensar o a devolver no tendría sanción, cuando en estos casos también la tiene, ya que la LGT establece una cuantía fija de 200€, que, después de reducciones, puede quedarse en 75€. Tampoco debemos caer en el error de pensar que en estos casos siempre se tratará de una sanción menor que cuando la declaración sale a pagar. Dependerá de cuantías y plazos.

En casos en que una persona no presentó la declaración de la renta en su momento porque no estaba obligada a ello, puede interesar asumir esta sanción y presentarla fuera de plazo cuando el beneficio resultante sea mayor.

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Deducción por maternidad y guardería

Tienen derecho a la aplicación de la deducción estatal por maternidad, las mujeres con hijos menores de 3 años que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, o los padres en los supuestos de fallecimiento de la madre o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o tutor. En los casos de adopción o acogimiento, se practica la deducción los tres años siguientes a la fecha de inscripción en el Registro Civil, con independencia de la edad del menor.

Consiste en una deducción de 1.200 € al año, computándose desde el mes del nacimiento o la adopción hasta el mes anterior al transcurso de los tres años.

Se aplica también durante el período de baja por maternidad, pero no en situación de desempleo, excedencia o baja por enfermedad.

La deducción se calcula proporcionalmente al número de meses en que se cumplan los requisitos, y teniendo como límite las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o acogimiento.

Los requisitos son: tener derecho al mínimo por descendientes, alta en SS o Mutualidad y actividad por cuenta propia o ajena. Se debe haber estado cotizando mínimo 15 días en cada mes. Teniendo contrato a tiempo parcial, es necesario que este sea de, al menos, el 50% de la jornada ordinaria en la empresa y en situación de alta durante todo el mes. Para el Régimen Especial Agrario este requisito se establece en 10 jornadas.

Cada mes que se cumplan los requisitos, se podrá recibir 100€. Es decir, son 1.200€ anuales de deducción, que se puede optar por no esperar a la declaración anual de la renta y solicitar el abono de forma anticipada (mes a mes) del importe de la deducción prevista.

 

 

Además de la deducción por maternidad de 1.200€ (año), se puede incrementar la deducción hasta en 1.000€ adicionales cuando se hubieran satisfecho gastos (no subvencionados, desembolsados efectivamente) de custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil. Es decir, se puede incrementar la cuantía en 83,33 € adicionales por cada mes.

Para el cómputo del número de meses para el cálculo del importe se tienen en cuenta las siguientes reglas:

– La determinación de los hijos se realiza de acuerdo a su situación el último día de cada mes.

– El requisito de alta en la SS o Mutualidad, se entiende cumplido cuando se produzca en cualquier día del mes.

Para el incremento, se consideran exclusivamente meses en los que los gastos abonados se efectúen por mes completo, es decir, contratados por completo, aun cuando parte de los mismos tengan el carácter de no lectivos (lo que ocurre en septiembre o diciembre, por ejemplo).

Y, hay que tener en cuenta que, si por ejemplo el hijo menor cumple los 3 años en febrero, este incremento previsto se puede aplicar durante el mismo período impositivo hasta el mes anterior a aquél en que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil, es decir, hasta agosto.

Los requisitos son: que hayan sido gastos por meses completos y que no hayan sido pagados a través de “cheques o tarjetas guardería” (que se considera renta del trabajo en especie porque lo reciben directamente de su empresa algunas trabajadoras, lo cual tendría otro tratamiento fiscal: estaría exenta).

Al igual que la deducción por maternidad, el cálculo es proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos, y, claro está, tiene como límite tanto las cotizaciones y cuotas a la Seguridad Social o Mutualidades de carácter alternativo devengadas en cada período impositivo, como, por otro lado, el importe total del gasto efectivo satisfecho a la guardería o centro educativo (sea o no por meses completos y teniendo en cuenta lo satisfecho por la madre con derecho al incremento como lo satisfecho por el otro progenitor, adoptante, tutor, o guardador con fines de adopción o acogedor. Es decir, si el dinero sale de la cuenta del padre, se puede desgravar igualmente por esas cantidades). Para el cálculo de estos límites se computan las citadas cantidades en importes íntegros, sin considerar bonificaciones que pudieran corresponder.

Los gastos de custodia se refieren a lo pagado por preinscripción y matrícula, asistencia en horario general y ampliado (ej. Aula matinal) y alimentación (comedor). Las guarderías, meses antes de que empiece el plazo de declaración de la renta, informan a Hacienda de los gastos de los menores que han estado inscritos en su centro, para que así la Administración pueda contrastar los datos, y después las familias tan solo deben rellenar las casillas en su declaración para que les sea descontado este gasto, y, es aconsejable guardar las facturas de los pagos hechos a las guarderías (es aconsejable, no es que haya que presentar nada más que la propia declaración en renta incluyendo las cantidades a las que se tiene derecho para que se les tenga en cuenta este incremento). Se puede solicitar a la guardería un certificado de la declaración que esta presenta en enero para comprobar las cuotas efectivamente satisfechas durante el año y contrastar con la información del borrador de la declaración de la renta (que puede no haber incluido la información, por diferentes motivos).

El incremento de 1.000 € se debe solicitar en la Declaración de la Renta.

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