Al vender o heredar un inmueble el ayuntamiento exige un tributo (IIVTNU, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que, tras la última sentencia dada hoy a conocer, va a dejar de exigirse de la manera que venía haciéndose. Al menos, todo lo que se firme a partir de ahora (y hasta nueva ley, que seguro la habrá), y todo lo que esté pendiente de sentencia, se verá afectado por la presente declaración de inconstitucionalidad. Ventas, aunque ya realizadas, pero aún recurribles o incluso autoliquidaciones presentadas hasta hace 4 años, podrían llegar a reclamarse.

La sentencia concluye que el sistema de cálculo de la cuota a pagar es inconstitucional. Se parte de que siempre hay incremento de valor, y esto, claro está, no es así. De hecho, el tributo, en la práctica, a veces, resulta meramente confiscatorio.

Se llevan años esperando modificaciones legislativas para adecuar este impuesto, que grava el incremento de valor experimentado por los terrenos urbanos, a la realidad, en la cual hay situaciones de ventas en las que se producen pérdidas, o inmuebles que sencillamente se deterioran y esto acaba produciendo que su transmisión se convierta en un quebradero de cabeza. Ahora el legislador seguramente busque pronto una solución, porque mientras tanto no se corrija la ley no podrán gravarse estas operaciones.

Habrá que observar cómo evoluciona el asunto, pero de momento y conociendo sólo la nota de prensa, queda anulada una de las principales fuentes de ingresos de los consistorios de todo el país por haberse estado siguiendo un criterio injusto y que ha quedado probado que choca de frente con el artículo 31 de la Constitución española, que dice, en su apartado 1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El contenido íntegro de la sentencia se hará público en los próximos días.